Redacción BM Editores.
El gobierno de México, con el apoyo de la sociedad, debe acelerar el paso de la transformación del sistema agroalimentario del país para hacerlo más justo, saludable y sustentable, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Suárez Carrera.
Al encabezar la conferencia 30 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria, celebrada el pasado 26 de octubre con el tema: “El derecho fundamental a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente pertinente”, el funcionario destacó los pasos que ha dado el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), al impulsar el etiquetado frontal en alimentos y el Decreto presidencial del 30 de diciembre de 2020, que prohíbe gradualmente el uso del glifosato.
Sin embargo, dijo, la sociedad debe empujar más fuerte y “debemos avanzar en la eliminación de plaguicidas altamente peligrosos por la vía de la ley”.
Apuntó que es necesario que el gobierno sostenga su posición actual de cero conflicto de interés, con la separación del poder político y el poder económico, para evitar que los intereses económicos de los conglomerados alimentarios interfieran en las decisiones que emprende el aparato público a favor de la salud de la población y ambiental.
La representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lina Pohl, celebró que México esté impulsando una ley que regule el derecho a la alimentación, pues la mejora de políticas y de legislación son claves para impulsar una alimentación saludable en las poblaciones del mundo
Dijo que también, a escala mundial, la FAO propone fomentar la demanda de los consumidores de alimentos nutritivos, la producción de alimentos de manera sostenible, el impulso a la innovación, generación de datos e información confiable, entre otras acciones.
Consideró que, tras los efectos de la COVID-19, la acción transformadora de los sistemas alimentarios puede desempeñar un papel esencial para impulsar la recuperación global, de tal forma que el mundo se comprometa a cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que implica el Hambre Cero.
Señaló que hoy el 59.1 por ciento de los hogares en México se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, de ellos 20.6 por ciento con inseguridad moderada, y la mayoría están en zonas rurales.
Esta situación ha sido agravada por la pandemia, pues, derivada de ella y de sus efectos económicos y de salud, 63.3 por ciento de los hogares ha reportado reducciones en sus gastos generales y 47.1 informa de reducción en gastos por alimentos.
El coordinador de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Salvador Fernández Rivera, destacó el grado de inseguridad alimentaria que hay en el país.
Dijo que de los 35.5 millones de hogares en México, 10 por ciento produce la mayor parte del alimento que consumen, y en el 90 por ciento se compra todo o la mayor parte. Agregó que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalaron al tercer trimestre de este año que 35.5 por ciento de la población urbana y 47.9 por ciento de la rural tienen ingresos laborales inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, o sea que viven en pobreza alimentaria.
El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (Cenaprece), Ruy López Ridaura, señaló que el 73 por ciento de los fallecimientos en 2020 en México por causa de la COVID-19 implicaron al menos una comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad y/o enfermedad cardiovascular), y ello está estrechamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad.
Destacó que el Gobierno de México está tomando medidas para enfrentar la situación, y lo hace apoyado por el GISAMAC, en el cual participan secretarías de Estado, pero también sociedad civil e instituciones de salud.
El director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Rivera Dommarco, hizo un exhorto a crear un acuerdo latinoamericano de defensa de una alimentación saludable de los niños.
Señaló que este pacto debería impulsar el consumo de agua simple, frutas, verduras, legumbres, y evitar productos chatarra y ultraprocesados.
Rivera Dommarco señaló que la situación de la prevalencia de obesidad en niños de cinco a once años de edad es grave, pues mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares añadidos sea inferior a 10 por ciento del total de energía de la dieta, la proporción de la población mexicana que rebasa ese límite es superior a 57 en todos los grupos de edad, y donde más se agudiza es en los adolescentes.
La representante de la Coalición ContraPESO, Doré Castillo García, resaltó el trabajo de la sociedad civil, coordinado dentro del GISAMAC, para impulsar acciones que frenen la epidemia de sobrepeso y obesidad.
Resaltó la necesidad de mantener los esfuerzos a favor de la salud pública: México ocupa el cuarto lugar en consumo de ultraprocesados a nivel mundial; el 30 por ciento del consumo calórico de la población proviene de ultraprocesados, y ocho de cada 10 niños consumen bebidas azucaradas de manera cotidiana.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, destacó la campaña que esta instancia desarrolla con el nombre “La transformación empieza por tu mesa”, la cual busca propiciar que la población elija alimentos saludables, de temporada y locales. Si uno consume así, “se garantiza la salud”, afirmó.
Señaló que la propia Profeco genera estudios periódicos que indican los altos contenidos azúcares, de grasas y sodio en ultraprocesados.
