Redacción BM Editores.
El mundo enfrentará un impacto en la disponibilidad de productos agrícolas, insumos y sus precios, de continuar el contexto negativo derivado de la pandemia provocada por el COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania que ha desembocado en una guerra en esa parte del planeta, aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula.
En un artículo de colaboración como invitado en un diario de circulación nacional, el funcionario federal señaló que la humanidad está enfrentando un escenario altamente negativo en la seguridad alimentaria, lo que ya se percibe en el incremento de los precios de los alimentos y de diversas materias primas importantes para la agricultura como son los fertilizantes y la energía.
Villalobos Arámbula precisó que el conflicto en el Este de Europa ha acentuado las disrupciones en la cadena de suministros que ya se encontraban frágiles como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que ha tenido que enfrentar la humanidad desde el 2020.
Destacó qué, si bien es cierto que el sector agroalimentario mundial continuó funcionando relativamente bien durante la pandemia, la prolongada duración de esta problemática sanitaria y sus efectos han incrementado el número de personas que padecen hambre.
En este contexto adversó, señaló con base en información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros organismos internacionales, se estima que para el 2020 existieron entre 720 y 811 millones de habitantes en el mundo que sufrieron hambre, lo que representa un aumento de aproximadamente 161 millones comparado con el año inmediato anterior.
Dijo que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, del que no se tiene certeza cuánto durará, pero del que ya se sabe tendrá impactos globales que nos afectarán a todos, ha puesto una presión adicional a la ya crítica situación de seguridad alimentaria mundial, particularmente en aquellos países que son altamente dependientes de la importación de cereales.
Cabe destacar que el tema es de la mayor relevancia, puesto que Ucrania y Rusia, los dos países en guerra, de manera conjunta son importantes exportadores de granos, particularmente maíz, trigo y girasol, entre otros.
En el 2021 Rusia exportó cerca de 33 millones de toneladas de Trigo y Ucrania otros 20 millones. Adicionalmente Rusia es un importante proveedor de nitrógeno, fósforo y potasio, insumos esenciales para la producción de fertilizantes.
De seguir esta confrontación, o lo que es peor, si se extiende a otros países, como pudiera ocurrir, los impactos en la disponibilidad de productos agrícolas, insumos y sus precios se prolongarán por los próximos años, poniendo en riesgo incluso la producción en otros países como México.
Villalobos Arámbula comentó que en este escenario difícil no se puede pasar por alto otro factor adverso que enfrenta la humanidad, como son los efectos del cambio climático, cuya incidencia en los sistemas agroalimentarios ha sido ampliamente documentada, lo que obliga a los seres humanos a tener un firme compromiso con la sustentabilidad.
El titular de la SADER aclaró que sus observaciones no tienen el propósito de pintar un escenario catastrófico, sino el advertir en la necesidad de un cambio estructural en las formas como se produce en el sector agroalimentario y en cómo se logra que ese cambio beneficie a todos.
Igual que ha ocurrido anteriormente, la innovación basada en ciencia debe ofrecer respuestas para superar estas crisis.
En estas tareas, precisó, hoy hace más sentido la política del actual gobierno de México respecto a buscar la autosuficiencia alimentaria con soberanía y lograr reducir la importación de alimentos básicos, ya que esto será una salvaguarda ante el impacto de choques externos.
Concluyó que sin duda la comunidad internacional está buscando respuestas a las diferentes crisis, pero para hallar soluciones perdurables en el tiempo será necesario ofrecer cambios estructurales consensuados, donde prevalezca el beneficio del conjunto por encima del interés individual de países o grupo de países, entendiendo que la responsabilidad compartida debe equilibrar de manera justa los costos.
